ABOGADOS ESPECIALISTAS EN EXTRADICIONES

Únicamente podrá pedirse o proponerse la extradición:  

• De los españoles que, habiendo cometido delitos en España, se hayan refugiado en un país extranjero. 

• De los españoles que, habiendo atentado contra la seguridad exterior del Estado en el extranjero, se hayan refugiado en un país distinto al que cometieron el delito. 

• De los extranjeros que debiendo ser juzgados en España, se hayan refugiado en un país que no sea el suyo. 

El procedimiento de extradición pasiva se divide en tres fases distintas: la fase gubernamental, la fase jurisdiccional y la fase gubernativa de decisión. 

En la fase gubernamental del procedimiento de extradición, el país requirente presenta una solicitud formal al país requerido para la entrega de una persona buscada por cargos penales. Esta solicitud se evalúa a nivel gubernamental para determinar su viabilidad y cumplimiento de los requisitos legales. 

En la fase jurisdiccional, si la solicitud de extradición es aceptada por el país requerido, el caso se remite a la jurisdicción judicial correspondiente. En esta etapa, un juez examina la solicitud y celebra una audiencia en la que se escuchan los argumentos de ambas partes y se toman decisiones sobre la procedencia de la extradición. 

Finalmente, en la fase gubernativa de decisión, se lleva a cabo una revisión gubernamental de la decisión judicial. Si se concede la extradición, las autoridades gubernativas proceden con los trámites necesarios para la entrega del individuo al país requirente. 

El procedimiento de extradición pasiva implica una evaluación gubernamental inicial, seguida de un proceso judicial y una revisión final por parte de las autoridades gubernativas antes de la entrega del individuo buscado. 

Evitar la extradición es factible bajo ciertas circunstancias. El sistema establecido en la Ley de Extradición Pasiva es de naturaleza mixta, como se detalla en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En este sistema, la solicitud de extradición se presenta al Ministerio de Justicia, el cual la remite al Gobierno nacional para que decida sobre la continuación del procedimiento por vía judicial. Si el Gobierno da su aprobación, los jueces determinarán la procedencia o improcedencia de la extradición. Si se declara improcedente, la extradición no puede concederse; en cambio, si se considera procedente, el Gobierno puede optar por denegarla. 

La extradición puede ser denegada en los siguientes casos: 

• Principio de reciprocidad: Se basa en responder de la misma manera que el otro estado ha respondido con el Estado Español en situaciones similares. 
• Principio de legalidad: Solo se concede la extradición por delitos expresamente contemplados en la Ley, o no se concede por aquellos expresamente excluidos. 
• Principio de especialidad: Este principio establece que el extraditado solo puede ser juzgado y condenado por los delitos que motivaron la solicitud de extradición. 
• Principio de la doble incriminación: Los hechos que originan la solicitud de extradición deben constituir delito según la legislación de ambos Estados, solicitante y solicitado. 
• Principio de denegación de la extradición por delitos leves y no perseguibles de oficio. 

• Principio de denegar la extradición por delitos políticos y militares. 
• Principios de conmutación (de la pena de muerte, si está prevista en la legislación del Estado requirente) y de no sometimiento del extraditado a penas inhumanas. 
• Principio de no entrega del nacional ni del asilado. 
• Principio de sometimiento a la jurisdicción ordinaria —y no a tribunales de excepción. 
• Principio «non bis in idem», por el cual no se concede la extradición por delitos ya juzgados o que se estén juzgando en España. 

Además, la extradición puede ser denegada cuando existan fundadas sospechas de que se solicita con fines discriminatorios o cuando el reclamado sea menor de dieciocho años, resida habitualmente en España y su extradición pueda obstaculizar su reinserción. 

La Orden Europea de Detención y Entrega, comúnmente conocida como «Euroorden», es un instrumento jurídico utilizado en el ámbito de la Unión Europea para solicitar la entrega de una persona buscada por cargos penales en otro Estado miembro. En lugar de utilizar el término «extradición», se emplea el concepto de Euroorden debido a la existencia de una «confianza mutua» entre los Estados miembros de la Unión Europea. 

La Euroorden simplifica el proceso de entrega de individuos entre países miembros de la Unión Europea, ya que se basa en el principio de reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales. En principio, la Euroorden tiene menos requisitos y obstáculos que una extradición tradicional, lo que agiliza y facilita el procedimiento de entrega de personas buscadas por cargos penales.