Ruperto Guerra Bermúdez reflexiona en El Economista sobre la Ley de Amnistía, los efectos de la impunidad jurídica en las instituciones y el funcionamiento del Estado de Derecho en un sistema democrático.
Los recientes acontecimientos que acompañan a la investidura del Gobierno han abierto la veda a un nuevo debate: ¿dónde está la tolerancia cero en los delitos? La Ley de Amnistía, que perdona procesos judiciales a los implicados en la consulta del 9 de noviembre de 2014 y del 1 de octubre de 2017, ha generado diferentes opiniones en todo el territorio.
Ruperto Guerra, Socio Director de TCM Legal, sentencia que “aquel que queda impune, puede con mucha probabilidad volver a cometer delitos” siendo proclive el desencadenamiento de una oleada amplia de criminalidad, no solo de los mismos condenados, sino de todos aquellos que se sientan amparados para llevarlos a cabo.
“Ya no operaría la disuasión, al contrario, la impunidad fomenta el comportamiento antijurídico. Sujetos que en condiciones normales no se plantearían la comisión de un delito ya no muestran rechazo dado el entorno de impunidad”, concluye en el escrito.
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