La proliferación de estafas telefónicas, especialmente aquellas que suplantan números de oficinas bancarias mediante la técnica conocida como «vishing», ha llevado a numerosas víctimas a perder sus ahorros. Ahora el Gobierno, junto con el sector bancario y las teleoperadoras, busca soluciones técnicas y normativas para autenticar llamadas y bloquear a estafadores, con el objetivo principal de proteger a los clientes y prevenir engaños. Las conversaciones se centran en encontrar un marco normativo que involucre a todos los sectores para asumir la responsabilidad y colaborar en medidas preventivas y soluciones para autenticar llamadas y bloquear estafadores, ya que una vez que los clientes son víctimas, recuperar fondos se convierte en un proceso complicado.
En este contexto, el diario Cinco Días presenta un artículo que aborda la complejidad del proceso de responsabilidad bancaria frente a estafas telefónicas y para el que han querido contar con Ruperto Guerra, director de TCM Legal y experto en derecho penal, que opina que “para que el banco se haga cargo, el engaño tiene que ser bastante sofisticado. Un ciudadano medio tiene que tener atención. En estos casos hay que ver si las entidades han puesto previamente en aviso a la clientela y si el cliente ha atendido a determinados requerimientos. Como ciudadanos tenemos que tener el debido cuidado. Si la entidad cumple con los protocolos de seguridad, no tendría responsabilidad”.
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